2 Julio 2005
EN LA PROVINCIA DE SANTA FE HAY CASI UN CENTENAR DE GOBIERNOS LOCALES DE LA UCR.
PROBOS Y EFICIENTES , CASI SIN EXCEPCIÓN DEFIENDEN LOS INTERESES DE LOS CIUDADAN@S CON UN FUERTE ACENTO EN LA SOLIDARIDAD Y LA JUSTICIA SOCIAL.
LA DEMOCRACIA LOCAL ES UN ARMA MUY PODEROSA PARA CONSTRUIR UNA SOCIEDAD LIBRE E IGUALITARIA.
25 Junio 2005
Los municipios y las comunas santafesinos tienen cada vez más demandas y necesidades pero cada vez menos recursos para enfrentarlas.
Tienen más demandas y necesidades porque crece su población, porque el peso de la crisis recae en ellos con mayor virulencia por su cercanía con la gente y porque los niveles superiores del estado, sobre todo el provincial, les han venido transfiriendo nuevas responsabilidades en materia de servicios.
Pero tienen menos menos recursos. Empecemos por los recursos propios, la Constitución Provincial y las leyes orgánicas de municipios y comunas que datan de los años 30 o no contienen referencias o se dictaron sobre un mapa de responsabilidades sustancialmente distinto al actual. A esto se suman las nuevas disposiciones de la provincia (Pactos Fiscales, acuerdos con la Nación, Presupuesto, decretazos) que acentúan cada vez mas la escasez de recursos.
Si algo faltara aparecen las franquicias a las concesionarias de servicios públicos como en el caso de Aguas Provinciales de Santa Fe o la nueva agresión a los poderes concedentes de los municipios (reduciendo sus posibilidades tributarias) que contiene el proyecto de Obeid de transformación en sociedad anónima de la Empresa Provincial de Energía.
También los condicionamientos del FMI impactan sobre los gobiernos locales: Reutemann en 1993 firmo con la Nación el Pacto Federal que le permitió a Menem cumplir con sus imposiciones resignando recursos que eran de la provincia; esta medida que lleva 11 años se sigue aplicando y en 2004 los Municipios y las Comunas perdieron en conjunto 6 millones de pesos.
Algo mas grave, ahora en materia de coparticipación federal es el decreto 3113/02 que efectuó una modificación al régimen de transferencias a municipios y comunas con relación a la coparticipación federal, asimilándola a cualquier otro gasto provincial. Este inédito procedimiento, sin antecedentes en cualquier otra provincia del país les ha causado un perjuicio de $ 100 millones. Los reclamos de los gobiernos locales fueron tantos y tan fundados que el gobierno provincial tuvo que reconocer su razonabilidad y prometió retornar al sistema previo. Esto no significa, de todos modos, un rapto de generosidad o una autocrítica a su actitud discriminatoria sino que trata de evitar responsabilidades civiles, administrativas y hasta penales producto de tamaño dislate institucional.
Esta discriminación permanente de la provincia consolida un modelo perverso sobre la base de un desfinanciamiento estructural de los gobiernos locales.
Ante esta situación cualquiera puede preguntarse, ¿cómo han hecho los municipios y comunas de nuestra provincia para atender las demandas de sus poblaciones?
Muchas de ellas libradas a su propia suerte por el estado provincial organizan adecuadamente sus recursos y sobre la base de una gran capacidad de gestión cumplen eficientemente sus compromisos con los ciudadanos.
Otras, lisa y llanamente reciben asistencia financiera discrecional, basada en la afinidad política y/o sometiéndose a un fuerte disciplinamiento.
El modelo es entonces de centralización del poder con descentralización de responsabilidades. Recuerda a la antigua organización institucional de la provincia: antes el gobernador nombraba un comisionado o un interventor que ponía la cara, ahora le hacen poner la cara al intendente o al presidente de comuna, que ve restringidos fuertemente los márgenes de autonomía.
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